Para conocer qué es una orden de alejamiento según el Código Penal, debemos acudir al apartado dos del artículo 48. Este la define como una medida que prohíbe que una persona se acerque a la víctima, a sus familiares o a cualquier persona vinculada con ella, manteniendo siempre una distancia mínima establecida por el juez. Esta restricción se aplica sin importar el lugar, ya sea el domicilio, el trabajo o cualquier otro espacio.
Las órdenes de alejamiento se aplican únicamente tras una sentencia judicial. También incluyen la prohibición de comunicarse con la víctima o con las personas señaladas en la medida. Cubre cualquier medio de contacto: llamadas, correos electrónicos, cartas, redes sociales o aplicaciones de mensajería.
En los casos en que la víctima sea la pareja del agresor y existan hijos en común, el juez suspenderá el régimen de visitas y comunicación mientras dure la orden. Además, será quien determine la distancia mínima y la duración de la medida. Para garantizar su cumplimiento, puede apoyarse en medios policiales o dispositivos electrónicos de control.
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¿Cuáles son los requisitos para pedir una orden de alejamiento?
Para solicitar una orden de alejamiento, deben cumplirse ciertos requisitos:
- Presentar una denuncia contra una persona por la comisión de un delito.
- Aportar pruebas suficientes que respalden los hechos denunciados.
El artículo 57 del Código Penal indica que no todos los delitos permiten imponer una orden de alejamiento. Solo puede aplicarse en determinados casos.
Delitos que permiten una orden de alejamiento
- Lesiones.
- Aborto.
- Homicidio.
- Amenazas, acoso y delitos contra la libertad.
- Trata de seres humanos.
- Torturas.
- Delitos contra la integridad moral, la libertad sexual, el honor y el patrimonio.
- Hurto, robo, estafa y otros delitos socioeconómicos.
- Delitos contra la intimidad o la inviolabilidad del domicilio.
Procedimiento para solicitar una orden de alejamiento
Solo un juez puede imponer una orden de alejamiento, ya sea como medida cautelar o como parte de la sentencia. Durante el proceso judicial, el juez puede establecerla para proteger a la víctima ante un posible riesgo. En ese caso, su duración se mantiene hasta que haya una sentencia definitiva.
Una vez dictada la sentencia condenatoria, la orden puede mantenerse entre un mes y diez años, dependiendo de la gravedad del delito. Es importante recordar que esta medida es una pena privativa de derechos según el artículo 39 del Código Penal. Solo el juez, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, la Policía Nacional, la Guardia Civil o el abogado de la víctima, puede dictarla.
¿Qué ocurre si se incumple una orden de alejamiento?
El incumplimiento de una orden de alejamiento depende de las circunstancias. Si el encuentro entre agresor y víctima es fortuito y el primero se aleja de inmediato, no se considera delito. En cambio, si se produce una aproximación intencionada, se incurre en una infracción grave.
Posibles sanciones por incumplimiento
Cuando la orden se relaciona con delitos de violencia de género o doméstica, la pena puede ser de prisión de seis a doce meses. Si se trata de otro tipo de delito, el castigo suele ser una multa de doce a veinticuatro meses. En los casos en que el condenado manipule o retire un dispositivo de control electrónico, se aplicará una multa adicional de seis a doce meses.
¿Se puede retirar una orden de alejamiento antes de su vencimiento?
Sí, pero el proceso no es sencillo. Aunque la víctima consienta el acercamiento, la orden sigue vigente hasta que el juez determine su levantamiento. Si el agresor se acerca sin autorización judicial, incluso con consentimiento, puede ser detenido por incumplimiento.
El consentimiento de la víctima no basta para anular la medida. Solo el juez puede hacerlo. Por ejemplo, si una persona denunciada por violencia de género vuelve a convivir con su pareja sin haber solicitado la suspensión formal de la orden, se considerará un incumplimiento penal.
Cómo solicitar la retirada de la orden
La víctima debe solicitar al juez el levantamiento de la medida, presentando los motivos y las pruebas que demuestren que el riesgo ha desaparecido. Tras evaluar la situación, el juez decidirá si la mantiene o la retira. En conclusión, la orden de alejamiento es una herramienta esencial para proteger a las víctimas y solo puede modificarse por decisión judicial.
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